Mientras en el Congreso esperan definiciones del Gobierno ante los pedidos que elevó la oposición como condición para acompañar la ley ómnibus, Javier Milei ya dio el visto bueno en medio de su viaje al Foro de Davos para acotar el pedido de delegaciones extraordinarias, tal como exigieron desde los sectores más dialoguistas de la oposición.

“No tengo problema que sea sólo un año con posibilidad de prórroga de otro más”, le aseguró el Presidente a un colaborador que desde Buenos Aires le transmitió el planteo de los bloques opositores.

El Gobierno había pedido la delegación legislativa en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo sin autorización del Congreso por dos años.

Esto fue rechazado de plano por el grueso de la oposición: desde el kirchnerismo y la izquierda hasta en los bloques del radicalismo, el PRO, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal, la bancada que lidera de Miguel Angel Pichetto.

La contrapropuesta desde el Congreso es que el plazo de esa delegación sea por un solo año, con la posibilidad de prorrogarlo por otro período, pero con aval del parlamento.

“Estamos en condiciones de aceptar ese pedido, no va a ser un obstáculo para que se apruebe la ley”, dijeron en Casa Rosada este jueves.

Lo que no está dispuesto a conceder es que se elimine el capítulo completo. Como contó Clarín, Milei considera “fundamental” la delegación de facultades: “Es una herramienta que necesito sí ó sí para tomar decisiones rápidas. En un momento como este no hay tiempo para esperar que algo salga en el Congreso, estamos ante una emergencia”, dijo días atrás el mandatario en privado, según pudo reconstruir este diario.

Pero la idea de que se acote el plazo no será un escollo. “En cuanto despegue la economía no necesito más esa delegación, no es un problema”, dijo Milei durante su escala en Zurich.

También podría acceder a recortar el listado de las 41 empresas estatales que busca que el Congreso deje sujetas a privatización a sola firma del Ejecutivo. Al menos tres quedarían afuera: YPF, ARSAT y el Banco Nación.

El jefe de Estado avisó que a su vuelta de Davos evaluará junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el pedido de la oposición para moderar la suba de retenciones, en especial sobre las economías regionales que actualmente, en su gran mayoría, no pagan retenciones. “Podemos hacer un esfuerzo y acercar posiciones”, dejó saber un funcionario con despacho en Casa Rosada.

El otro tema que genera más cuestionamientos de la oposición es la suspensión de la movilidad jubilatoria que impulsa el Gobierno para disponer aumentos por decreto. En el Gobierno analizan incluir una fórmula atada a la inflación según el IPC para sumar a los sectores más dialoguistas.

“Estamos esperando del Ejecutivo la devolución de una serie de sugerencias que los diputados les han hecho a funcionarios”, explicó José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y flamante aliado del oficialismo.

En el Gobierno ya hablan de más de un centenar de cambios al proyecto original, incluyendo la eliminación de la reforma electoral, que quedará para las sesiones ordinarias, los cambios en el régimen de pesca y los biocombustibles, publica Clarín.

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