El programa prevé el envío de un monto total per cápita o vouchers mensuales a las provincias, que serán responsables de administrar los recursos y garantizar su aplicación en el territorio. Los fondos estarán destinados a mejorar el acceso a servicios de cuidado, nutrición, salud y educación en la primera infancia.

Objetivos y alcance del programa

Según el texto oficial, la medida tiene como objetivo mejorar la calidad de la atención, el cuidado y la crianza de los niños desde el embarazo hasta los cuatro años, mediante la articulación entre Nación, provincias, Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y entornos familiares.

El programa apunta a:

Fortalecer la institucionalidad nacional y provincial en políticas de primera infancia.

Mejorar la calidad de los CDI, mediante estándares comunes, capacitación y monitoreo.

Ampliar las estrategias de acompañamiento familiar territorial.

Desarrollar sistemas de información integrados que orienten la toma de decisiones.

Implementar esquemas de financiamiento basados en resultados y cumplimiento de objetivos.

Prioridad para los sectores más vulnerables

El Gobierno destacó que la inversión en la primera infancia es una acción estratégica de alto impacto para el desarrollo humano y social, al tratarse de una etapa clave para el crecimiento físico, cognitivo y emocional de los niños.

La ayuda será distribuida de manera proporcional a los índices de pobreza infantil de cada provincia, priorizando aquellas con mayores niveles de vulnerabilidad. “Los departamentos priorizados son aquellos con un valor de IPI igual o superior a 7, representando el 40% de los departamentos con mayor vulnerabilidad a nivel nacional”, detalla la resolución.

Para garantizar el carácter federal del programa, se estableció que todas las provincias deberán contar con al menos el 10% de sus departamentos incluidos. En los casos donde no se alcance ese porcentaje, se incorporarán los distritos que le sigan en nivel de vulneración.

Implementación descentralizada y convenios con Nación

Cada provincia será la responsable directa de la implementación del programa, incluyendo la contratación de profesionales, traslados y demás aspectos operativos. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia será el organismo encargado de supervisar la correcta aplicación de los recursos y la rendición de los resultados.

El esquema de financiamiento se basará en convenios marco entre la Nación y cada jurisdicción, que establecerán el monto total de cápitas o vouchers mensuales disponibles y el número máximo de familias a acompañar. El pago estará sujeto a la cantidad de familias efectivamente registradas y asistidas en el sistema nacional.

Coordinación y diagnóstico provincial

El programa también prevé que las provincias elaboren un diagnóstico inicial del sistema de primera infancia, a fin de detectar las necesidades locales y definir prioridades de inversión. De esta forma, el Gobierno busca promover políticas coherentes y sostenibles, adaptadas a las realidades de cada territorio.

La Secretaría Nacional de Niñez destacó que esta descentralización permitirá “una asistencia más efectiva y eficiente, ya que los gobiernos locales cuentan con mayores capacidades operativas y de diagnóstico en su territorio”. (Infobae)

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