El cambio, según lo dispuesto en el Decreto N° 3578 GOB, busca simplificar la facturación y evitar la fragmentación de los costos en la boleta final. La contribución municipal se sumará a la alícuota que las distribuidoras perciben por la distribución de energía eléctrica. El valor de esta contribución se fijará en un seis por ciento (6%) y se incluirá dentro del VAD, lo que significa que no aparecerá más de forma separada, ni podrá ser modificada por conceptos adicionales como los intereses por mora, según informó el EPRE en un comunicado oficial.

Límites a la tasa de alumbrado público

En cuanto a la tasa de alumbrado público, otro aspecto clave de la resolución, se estableció un límite del 13% para el cobro de este concepto en las facturas de electricidad. Las distribuidoras, como Enersa y las cooperativas locales, seguirán actuando como agentes de percepción de este impuesto, pero deberán respetar este tope que entrará en vigencia a partir de 2026.

La normativa también mantiene la excepción para los usuarios calificados como industriales, quienes seguirán bajo el régimen previo, sin estar sujetos a la nueva limitación de la tasa de alumbrado. De esta forma, el EPRE busca equilibrar los costos del servicio eléctrico en la provincia, asegurando que los aumentos no sean excesivos para los usuarios comunes, pero manteniendo los márgenes necesarios para el financiamiento de los municipios.

La medida también responde a una reorganización más amplia del sistema tarifario en Entre Ríos, que busca optimizar la distribución de los costos de la energía y garantizar que los usuarios no se vean afectados por aumentos desmesurados. El Interventor del EPRE, Dr. Marcos Rodríguez Allende, firmó la resolución que modifica y aprueba el “Anexo IV ‘Procedimiento para la Determinación del Cuadro Tarifario” de los contratos de concesión de la empresa Energía de Entre Ríos S.A. (ENERSA) y las distribuidoras cooperativas.

La nueva estructura tarifaria es el resultado de un esfuerzo por parte del Gobierno Provincial para establecer un esquema más transparente y equitativo en la facturación de los servicios eléctricos, adaptándose a las necesidades tanto de los usuarios como de las distribuidoras. Con la derogación de la Resolución EPRE N° 159/97, que hasta ahora regulaba el cálculo de los recargos y tasas, el nuevo marco legal busca garantizar una mayor claridad en el cobro de los servicios públicos, sin afectar los ingresos municipales ni los costos de los usuarios. Fuente: El Once

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