Auditoría de prestaciones sociales
El Gobierno nacional confirmó que 21.812 pensiones por invalidez laboral continuarán suspendidas. Los beneficiarios tendrán 30 días hábiles para presentar documentación médica y socioeconómica. El Ejecutivo informó que detectó presuntas irregularidades.
El Gobierno nacional anunció que mantendrá suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral y otorgará un plazo de 30 días hábiles para que los titulares presenten documentación que permita revisar su situación.
La decisión fue comunicada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.
La medida se adoptó en el marco de una auditoría sobre las prestaciones, en la que el Ejecutivo aseguró haber detectado presuntas irregularidades médicas y patrimoniales entre algunos beneficiarios.
Según explicó Ravier, la Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió dejar sin efecto los restablecimientos cautelares de esas pensiones porque no contaba con antecedentes médicos o socioeconómicos suficientes para verificar que sus titulares continuaban cumpliendo los requisitos.
Cómo reclamar por las pensiones suspendidas
“Es importante aclarar que esta medida no implica determinar que los titulares no presenten una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información necesaria para verificar que continúan cumpliendo con las condiciones exigidas por la normativa”, explicó el funcionario.
Los beneficiarios alcanzados por la suspensión podrán presentar documentación médica y socioeconómica, justificar su ausencia en las auditorías o aportar otros antecedentes que permitan solicitar una revisión.
Los trámites podrán realizarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y en las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el organismo.
Las irregularidades que denunció el Gobierno
Ravier informó que el cruce de bases de datos oficiales permitió identificar situaciones patrimoniales que, según el Ejecutivo, podrían resultar incompatibles con el carácter asistencial de las pensiones.
Entre los casos mencionados, el Gobierno señaló que había 38 beneficiarios con dos o más vehículos registrados, 26 con al menos dos inmuebles y 40 personas que poseían propiedades de más de una hectárea. “Incluso se detectó el caso de un beneficiario que figura como titular de un avión”, afirmó el vocero presidencial.
El funcionario recordó que estas prestaciones están destinadas a personas que no pueden trabajar y carecen de medios de subsistencia. También aclaró que su otorgamiento no depende únicamente de contar con una discapacidad o con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La existencia de bienes registrados constituye, según el Ejecutivo, un motivo para revisar cada situación, aunque no demuestra por sí sola que se haya cometido una maniobra fraudulenta.
Los detalles del anuncio fueron difundidos este martes por distintos medios nacionales, que confirmaron el plazo de revisión informado por el Gobierno. Fuente: El Once
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