La suspensión de la fórmula de movilidad y que el Gobierno otorgue aumentos discrecionales por decreto -como figura en el megaproyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso con el objetivo de reducir un 0,4 puntos del PBI el déficit fiscal -puede llevar a un mayor deterioro de los haberes de los jubilados y pensionados, por encima del que tuvieron bajo los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Como el megaproyecto no establece el nivel ni la periodicidad ni el alcance de los aumentos, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) difundió un Informe analizando las alternativas que podrían presentarse este año, si el Congreso aprueba la iniciativa del Gobierno.

“El artículo 106 del proyecto de ley suspende la movilidad de ajustes trimestrales para haberes y asignaciones familiares, sujeto a la evolución de los salarios y recursos de ANSeS, y atribuye al Poder Ejecutivo la potestad de fijar esas actualizaciones sin definir un parámetro para hacerlo. Esto impide hacer un cálculo preciso del impacto fiscal, pero habilita a describir posibles escenarios según el criterio que utilice ese poder en el futuro”, dice el Informe.

Así estimó varios escenarios:

Si no hubiese ningún aumento durante el año los haberes sufrirían un deterioro de 69,9% en su poder de compra y las prestaciones previsionales pasarían del 6 al 4,5% del PBI. La mitad de los beneficiarios resultarían indigentes y un 33% de ellos serían pobres.
Si sólo hubiese ajuste para los más bajos ingresos, la pérdida para quienes perciben tres o más haberes mínimos sería del 69,9%. ANSeS tendría un superávit de 1,2% del PBI y las prestaciones previsionales representarían 5% del PBI.
Si se incrementaran en la misma proporción todos los haberes según la evolución de los fondos de ANSeS, la pérdida común sería de 19%. Si esta estrategia incluyera una prioridad a los de menores ingresos la pérdida del resto subiría al 40%.
Si todos los haberes se incrementaran según la inflación, no habría pérdida del poder adquisitivo y el déficit de ANSeS subiría a 0,8% del PBI, pero esta variante está descartada.
La última variante estaría descartada por cuanto el ministro Luis Caputo admitió que el objetivo sería reducir un 0,4% del PBI el déficit previsional. Aún así, de mantenerse el poder adquisitivo actual de las jubilaciones y pensiones, la enorme pérdida acumulada en estos años se mantendría sin cambios.

El Informe de la OPC reconoce que el déficit previsional se fue reduciendo en los últimos años a costa de la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones. Y es evidente que lo mismo pasaría si el objetivo es reducirlo otro 0,4% del PBI.

Con relación a la fórmula de movilidad, el Informe admite que “una aceleración de la inflación deteriora el valor real de las jubilaciones, y una desaceleración las recompone” porque los aumentos se calculan utilizando variables de meses anteriores, con cifras más altas.

En consecuencia, si el Gobierno confía en que la suba de los precios irá desacelerándose a lo largo del año, la “suspensión” de la fórmula cumple el objetivo de que los haberes no se recompongan de las pérdidas de los últimos años y hasta puedan incurrir en nuevas caídas.

Por ahora, con el dato oficial de inflación de diciembre del 25,5% y una proyección de suba de los precios en enero del 25%, según los analistas y consultoras de acuerdo al REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado que informó el Banco Central), las jubilaciones y pensiones tendrán un deterioro del 23% en tanto solo 2 meses, con el agravante de que los haberes más bajos dejaron de recibir el reintegro del IVA de hasta $ 18.800.

Estas pérdidas se suman a la de los últimos años. Así entre septiembre 2017 (base que se toma por el cambio de la movilidad durante el Gobierno de Mauricio Macri), y diciembre 2019, las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones sociales tuvieron un deterioro del 19,5% en relación a la inflación.

En 2020, ya con Alberto Fernández, con los aumentos diferenciados por decreto las jubilaciones y pensiones aumentaron entre el 35,3% y el 24,3% versus una inflación del 36,1%.

A su vez, “desde la aplicación de la fórmula de ajuste de 2021 hasta diciembre de 2023, los haberes mínimos que tuvieron bonos completos sufrieron una pérdida de poder adquisitivo de 3,6% y el resto de 36,5%”, calcula la OPC.

Y aclara “ sólo el 48,6% de los jubilados y pensionados del Régimen General, quienes perciben el haber mínimo jubilatorio o montos cercanos a éste, han recibido algún tipo de bono, por lo que más de la mitad de los beneficiarios han visto reducido sus haberes mensuales al compararlos con la variación de los precios”. Fuente: Clarín

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