Los ocho países que comparten territorio amazónico dieron a conocer un primer documento conjunto que llevarán en noviembre a la COP-28, la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Emiratos Árabes Unidos.

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela buscan establecer en la Amazonia un terreno común en las discusiones sobre la crisis climática.

El Tratado de Cooperación Amazónica firmado en Brasilia en 1978 prevé una acción conjunta para la protección de los bosques y el desarrollo económico.

El desarrollo de la Cumbre

La IV Reunión de Jefes de Estado de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), se desarrolló el 8 y 9 de agosto Belém do Pará.

Esto forma parte de las políticas públicas para la conservación de la región amazónica implementadas desde la asunción de Lula da Silva: entre enero y julio, la deforestación cayó 42,5 %, a 3.149 km2, contra igual periodo de 2022. Tiene objetivos más amplios, como el fortalecimiento de la OTCA, la definición de una posición común por parte de los países en desarrollo poseedores de reservas forestales y una apuesta soberana desde los Estados (incluidos los periféricos) en cuanto al manejo de fondos y elaboración de normativas de cuidado del medio ambiente.
La realización de la Cumbre fue acordada por Lula y Gustavo Petro (Colombia) en enero de 2023. Ambos presidentes colocan la cuestión ambiental en el centro de la agenda, con un contrapunto importante en cuanto a la explotación o no de hidrocarburos en áreas de selva.

La Amazonía tiene una superficie de 6,3 millones de km², en los territorios de Brasil, las Guyanas, Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. posee una cuenca hidrográfica de más de 24 mil km y el 10 % de la biodiversidad del mundo.

La postura que intentó proyectar Brasil en la Cumbre, puede ser resumida en la siguiente frase de Lula: “no podemos aceptar un neocolonialismo verde que, bajo el pretexto de proteger el medioambiente, impone barreras comerciales y medidas discriminatorias, y no considera marcos normativos y políticas nacionales”.

Declaración de Belém

La Cumbre Amazónica quedó sellada en su primer día con una declaración oficial que contiene 113 puntos divididos en 18 segmentos y que incluyen temas como cambio climático, protección de los bosques, cooperación policial, judicial y de inteligencia en la lucha contra las actividades ilícitas, economía para el desarrollo sostenible y derechos humanos.

La Declaración de Belém fue firmada por los ocho países amazónicos. Establece una nueva agenda común de cooperación regional a favor del desarrollo sostenible de la Amazonía subrayando la urgencia de una cooperación regional para evitar el punto de no retorno en el bioma.

Incluye aspectos como el lanzamiento de la Alianza Amazónica de Lucha contra la Deforestación; la creación de un centro de cooperación policial en Manaus y un sistema integrado de tráfico aéreo; Revitalización del Parlamento Amazónico; Creación de mecanismos financieros para promover el desarrollo sostenible.

Un ejemplo de este último punto es la Coalición Verde, lanzada en conjunto por el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo de Brasil) y el BID, para microcréditos destinados a emprendimientos en la Amazonía. Incluye a 19 bancos públicos de desarrollo de países amazónicos, que ofrecerían 4.5 mil millones de dólares en financiación para negocios sustentables.

No se llegó a acuerdos concretos para detener la expansión de la frontera de petróleo y gas en la Amazonía, propuesta impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero que no se incluyó en el documento firmado en Belém do Pará.

Tampoco se logró consenso sobre la propuesta para lograr cero deforestación para el 2030, una medida impulsada por Brasil y respaldada por Colombia. Otra iniciativa que no se mencionó fue el pedido de la sociedad civil y los pueblos indígenas de proteger el 80 % de la Amazonía al 2025.

Refundación de la OTCA como la plataforma prioritaria de acción conjunta en la región amazónica.
Es una entidad intergubernamental permanente, con sede en Brasilia, fundada en 1995 y establecida de forma permanente en 2003 que sigue los principios del Tratado de Cooperación Amazónica firmado en 1978 por los ocho países amazónicos.

Se espera que el organismo promueva mayor estabilidad en la coordinación de esfuerzos que garanticen soberanía territorial, así como soluciones innovadoras para el desarrollo regional con inclusión social y responsabilidad climática.

Prevé importantes revisiones en la estructura institucional de la Organización, incluyendo la conformación de un mecanismo financiero para captar y capitalizar recursos no reembolsables. Involucra a los Jefes de Estado, Cancillerías y otras instancias gubernamentales de los países miembros.

Incluirá nuevas reparticiones, como el Foro de Ciudades Amazónicas, el Observatorio sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, medio ambiente y pueblos indígenas, el Parlamento Amazónico, el Observatorio de Mujeres Rurales de la Amazonía, el Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas, el Panel Técnico-Científico Intergubernamental para la Amazonía (“IPCC por la Amazonía”, que reunirá información científica sobre clima y biodiversidad, inspirada en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU), entre otros.

Hidrocarburos
Uno de los principales desacuerdos se generó en torno a la explotación de hidrocarburos, por lo que no ha figurado de manera contundente en la declaración final. El texto menciona la necesidad de “iniciar un diálogo” sobre la sostenibilidad de sectores “como la minería y los hidrocarburos”.

Venezuela y Brasil se posicionan a favor de la explotación, se suman Surinam y Guyana que albergan importantes reservas de petróleo y que no tienen intención de dejar de explorar ese recurso en el mediano y largo plazo. Por otro lado, está Colombia, que busca limitar las concesiones de explotación. En Ecuador, en el marco de las elecciones presidenciales anticipadas del 20 de agosto, habrá un plebiscito que propone detener la extracción de petróleo del Bloque 43-ITT. Al interior del Gobierno brasileño hay tensiones sobre la explotación en el delta del Río Amazonas.

La postura de Brasil
Brasil subrayó que las políticas medioambientales y el Fondo de la Amazonía en particular se regulen mediante reglas controladas por el Estado.

Brasil apuesta a que los Estados sean los que tengan la decisión con respecto a la administración de los recursos en la Amazonía y sean quienes definan y fiscalicen las normativas respecto al cuidado del medio ambiente.

Lula enfatizó: “no podemos aceptar un neocolonialismo verde que, bajo el pretexto de proteger el medio ambiente, impone barreras comerciales y medidas discriminatorias, y no considera marcos normativos y políticas nacionales”.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió sobre las amenazas de emporios transnacionales farmacéuticos y de alimentos, la tercerización de las funciones del Estado y las aspiraciones de la OTAN para garantizar la mercantilización de la cuenca amazónica.

El Gobierno de Brasil es contundente en su llamado a evitar que las normativas medioambientales queden subordinadas a los intereses del sector privado, resguardados por gobiernos centrales, y que podrían reproducir una lógica asimétrica de “castigos” similar a la de las sanciones económicas.

Reclamo de metas más claras

Especialistas en temas ambientales y líderes indígenas cuestionaron la Declaración de Belém dado que reclaman compromisos y metas “claras”, las cuales, desde su óptica, no están expuestas en el documento. Fuente: El Once

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