La medida, considerada clave por el Gobierno, suspende la orden emitida el 30 de junio de 2025 por la jueza Loretta Preska, que disponía la transferencia del 51% de las acciones estatales a Burford Capital. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó que la decisión también habilita la participación del Gobierno de Estados Unidos como amicus curiae en respaldo a la posición argentina.

Un litigio de alto impacto económico

El caso se remonta a 2012, cuando la administración de Cristina Fernández de Kirchner dispuso la expropiación de YPF. Burford Capital, un fondo especializado en litigar contra Estados, adquirió los derechos del reclamo y, en 2023, obtuvo una sentencia favorable que obliga a Argentina a pagar unos USD 18.000 millones, incluyendo intereses.

El fallo de la Cámara responde a un pedido de stay presentado por el país para frenar la ejecución de la orden de entrega de acciones mientras se analiza la apelación. Los jueces aceptaron el argumento de que la venta de los títulos está prohibida por ley sin la aprobación de dos tercios del Congreso, lo que evita riesgos de “disipación” de los activos.

Próximos pasos del proceso

El 25 de septiembre se presentarán los escritos argumentales de la apelación formal, mientras que la primera audiencia sobre el fondo de la condena está prevista para la semana del 27 de octubre, después de las elecciones legislativas en Argentina. La resolución final sobre si se mantiene o revoca la sentencia de Preska se espera para comienzos de 2026.

Entre los fundamentos, Argentina sostuvo que la orden de Preska viola el principio de cortesía internacional (comity) y la inmunidad soberana, postura que también avaló el gobierno estadounidense. Además, destacó que las acciones de YPF están radicadas en el país y no vinculadas directamente a la actividad comercial que sustenta la demanda.

La ofensiva de Burford

En paralelo, Burford intenta avanzar con la estrategia de “alter ego”, que busca demostrar que YPF y el Estado argentino son la misma entidad, con el fin de cobrar la condena utilizando activos de la petrolera o de otras empresas públicas, e incluso reservas de oro del Banco Central enviadas al exterior en 2024.

Como parte de esa línea, el fondo pidió la entrega de comunicaciones, incluidos mensajes de WhatsApp, de los exministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa. La jueza Preska aceptó el requerimiento, y Argentina confirmó que cuenta con esa información.

El fallo de la Cámara neoyorquina representa un alivio temporal para el país, pero no modifica el desafío central: enfrentar una de las condenas económicas más altas de su historia. (Con información de Infobae)

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